Ferrol, 25 de septiembre del 2020. Los senadores Verónica Casal Míguez y Juan Juncal Rodríguez presentaron en Ferrol la Proposición de Ley contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, que el Grupo Parlamentario Popular registró el pasado mes de julio para su debate en el Congreso de los Diputados.
Solamente entre los meses de enero y junio del 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior. De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles. Estos datos muestran como la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país, manifestó la senadora Verónica Casal.
En enero de 2019 ya anunciamos nuestra propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar el desalojo de okupas, recordó, y tras las elecciones generales del mes de abril fue una de las primeras iniciativas que registramos en el Congreso al iniciarse la legislatura.
A través de esta proposición de ley “queremos que se dé una solución inmediata y efectiva a los propietarios de viviendas que sufren ocupaciones ilegales, se garantice la convivencia pacífica y la seguridad de los vecinos que sufren en primera persona las ocupaciones ante la pasividad del Gobierno de Sánchez”, avanzó Verónica Casal.
Es necesario y urgente, como lleva reclamando Pablo Casado desde hace dos años, modificar la legislación actual. Las mafias se lucran a costa de la inacción del Gobierno y están poniendo en peligro la seguridad de los vecinos, alertó.
Esta proposición de ley consta de cinco puntos que pedimos sean objeto del consenso político de todas las fuerzas. “Queremos recuperar el delito de usurpación, que incluiría una pena de cárcel de uno a tres años que el PSOE rebajó a multas, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se hagan cargo del desalojo y lo hagan en un plazo máximo de 12 horas, otorgando así plena seguridad jurídica a los servidores públicos» detalló Verónica Casal.
La proposición contempla, también, que “se prohíba a los Ayuntamientos empadronar a los okupas y que se den facilidades a las comunidades de propietarios para que puedan adoptar medidas legales ante comportamientos violentos de los okupas y actuar directamente ante los tribunales, así como a las personas jurídicas” apuntó el senador Juan Juncal.
El popular recordó que la vivienda se protege en el ordenamiento jurídico español para evitar la ocupación, tanto desde la perspectiva penal como civil y administrativa. Pero, además, para combatir esta forma de delincuencia y salvaguardar la propiedad, “el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos” afirmó.
El Partido Popular, además, ha iniciado a través de la plataforma www.change.org una recogida de firmas contra la ocupación ilegal.
Los cambios legales propuestos nada impiden a la debida protección de los más desfavorecidos y la garantía de la vivienda, “no deben confundirse las necesidades de vivienda y su cobertura con la lucha contra la delincuencia, las actividades incívicas y las conductas que pongan en riesgo la seguridad de las personas”, concluyó el senador Juan Juncal.
